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Justicia e instituciones penitenciarias

  • Juramento del Fiscal Especial del Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana, Toussaint Muntazini Mukimapa. Foto: MINUSCA.
  • Prisión Central de Sanniquellie, en el condado de Nimba (Liberia). Foto: UNMIL

Respuestas del estado de derecho y el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias a la COVID-19

En respuesta a la pandemia mundial, el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad ha ayudado a mitigar el impacto de la COVID-19 en prisiones y sistemas judiciales en entornos de misiones y sin misiones.

En colaboración con la División de la Paz del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias ha publicado dos herramientas operativas y de orientación práctica:

i) Instrumentos operativos: preparación y respuesta para la COVID-19 en lugares de detención; ofrecen herramientas de comunicación integrales y listas para su uso con información clara y carteles visuales para apoyar a los administradores y personal de prisiones en los esfuerzos para prevenir la entrada de la COVID-19 en las prisiones y mitigar su impacto en el caso de que se produzca un brote.

ii) Instrumentos para audiencias a distancia ; ofrecen a las partes interesadas nacionales legales y judiciales un marco para la toma de decisiones paso a paso para la introducción y el uso de tecnología para audiencias a distancia en respuesta a la COVID-19 y, posteriormente, para ayudar a mejorar el acceso a la justicia en contextos en los queexisten obstáculos a la hora de proporcionar servicios judiciales.

El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias también desarrolló directrices relativas a las medidas inmediatas necesarias para la descongestión de las prisiones y para contribuir a garantizar el acceso a la justicia mediante alternativas y audiencias a distancia durante y después del brote.

El estado de derecho es la base de la paz, la seguridad y el desarrollo a largo plazo

El fortalecimiento del estado de derecho y los servicios fundamentales de justicia penal es una de las principales tareas de Mantenimiento de la paz de la ONU para prevenir el conflicto y sentar las bases de una paz sostenible.

Las misiones de mantenimiento de la paz, equipadas con conocimientos de justicia e instituciones penitenciarias, junto con el apoyo del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, ayudan a los países receptores a prestar servicios judiciales y penitenciarios esenciales, fortalecer el sistema de justicia penal y facilitar las reformas del estado de derecho. Para ello, se promueve la rendición de cuentas por los delitos graves que avivan los conflictos mediante la ampliación de las instituciones judiciales y penitenciarias a las áreas afectadas por conflictos, y la mejora de la seguridad y la gestión de las prisiones, por ejemplo, al ayudar a mitigar y abordar crisis emergentes como los efectos de la pandemia de COVID-19.

Presta apoyo a la labor de las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, así como de otras entidades de las Naciones Unidas, para poner en práctica los aspectos del estado de derecho correspondientes a sus respectivos mandatos.

El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, por conducto de su rápido equipo de respuesta de Bríndisi (Italia), presta asesoramiento sobre el terreno y brinda conocimientos técnicos especializados a las misiones y otras actividades sobre el terreno. El Servicio Permanente sobre Justicia e Instituciones Penitenciarias, fundado en 2010, ayuda en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y otras actividades sobre el terreno por medio de tres funciones principales: puesta en marcha de componentes del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias; refuerzo de las operaciones de mantenimiento de la paz y actividades en las áreas de justicia e instituciones penitenciarias proporcionando apoyo focalizado y temporal; y la realización de evaluaciones de las necesidades y revisiones en las áreas de justicia e instituciones penitenciarias.

Los componentes del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias colaboran estrechamente con las autoridades nacionales para promover y dar prioridad a la resolución pacífica y la prevención de disputas, fortalecer la protección de civiles, mejorar la seguridad nacional, ampliar la autoridad del Estado, restaurar la confianza y la cohesión social, y contribuir a la implementación de acuerdos de paz.

Nuestro trabajo

Para promover la realización de la Declaración de compromisos compartidos sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (Acción por el mantenimiento de la paz [A4P]), el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias busca y mantiene alianzas de forma activa con las Naciones unidas y actores externos, sobre todo mediante el Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho; apoya las intervenciones multidisciplinarias integradas; proporciona conocimientos en planificación, análisis y política en entornos de transición; y permite a los países receptores y otras partes interesadas tomar las medidas adecuadas para enjuiciar a los perpetradores de delitos contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

En particular, los componentes del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias se centran en tres áreas prioritarias:

  1. Fortalecimiento de la responsabilidad penal y los mecanismos para investigar y enjuiciar delitos graves que avivan conflictos, como en la República Centroafricana, Darfur, la República Democrática del Congo, Malí y Sudán del Sur.
  2. Restablecimiento y ampliación de las instituciones del estado de derecho de representación y rendición de cuentas a nivel nacional y subnacional, incluidos los servicios de justicia e instituciones penitenciarias en áreas afectadas por conflictos.
  3. Mejora de la seguridad y la gestión de las prisiones (incluidos los detenidos de alto riesgo) para mitigar los efectos desestabilizadores de las fugas, los disturbios y los riesgos de radicalización en las prisiones.

 

Nuestro personal

Los Oficiales de Asuntos Judiciales y los Oficiales de Asuntos Penitenciarios en operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden ser miembros del personal de las Naciones Unidas, expertos en la esfera de la justicia proporcionados por los Gobiernos nacionales, Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) o consultores.

Somos aproximadamente 160 Oficiales de Asuntos Judiciales y 300 Oficiales de Asuntos Penitenciarios, con 54 miembros judiciales y 256 miembros penitenciarios del personal proporcionado por los Gobiernos, cuya tarea consiste en ayudar a proteger a los civiles, combatir la impunidad, ampliar la autoridad estatal y promover la estabilización en 11 operaciones de mantenimiento de la paz: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA); y las misiones políticas especiales: Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) y Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS).

Nuestros asociados

En respuesta a la solicitud de los Estados Miembros de una mayor coherencia e integración a lo largo del sistema de las Naciones Unidas, nuestros Oficiales de Asuntos Judiciales y de Asuntos Penitenciarios trabajan en la plataforma del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho para promover enfoques de estado de derecho conjuntos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), entre otros, con miras a combinar sus respectivas capacidades en materia de estado de derecho y sacar partido de sus ventajas comparativas. El Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho opera en entornos de misiones, sin misiones y de transmisión. Ofrece un despliegue rápido de conocimientos especializados; apoyo al diseño, la planificación y la aplicación conjuntos de programas de estado de derecho; evaluaciones conjuntas; movilización de recursos y financiación inicial; y definición de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Los componentes penitenciarios también reciben un apoyo significativo del Grupo de Amigos sobre Cuestiones Penitenciarias en las Operaciones de Paz. El Grupo de Amigos es una plataforma internacional para los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus servicios penitenciarios cuyo objetivo consiste en conectar las políticas, prácticas y actividades penitenciarias, y prestar asesoramiento y apoyo a la labor de las instituciones penitenciarias en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

Logros

La República Centroafricana ha progresado en la aplicación de aspectos clave del acuerdo de paz, como los procesos de rendición de cuentas a nivel nacional por violaciones graves de los derechos humanos e incumplimientos del acuerdo. El Tribunal Penal Especial del país, que se puso en funcionamiento en 2018 con el mandato de investigar y enjuiciar los delitos internacionales cometidos en la República Centroafricana desde 2003, promovió la investigación de casos prioritarios; las autoridades completaron una política estratégica de reforma del sector de la justicia; y desarrollaron una estrategia de desmilitarización para las prisiones. El Gobierno de la República Centroafricana aprobó la estrategia nacional de desmilitarización del sistema penitenciario en enero de 2019.

En Malí, las Naciones Unidas prestaron apoyo a la Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional con relación a la gestión de las investigaciones, incluidos los casos de ataques graves contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Ha aumentado la implicación comunitaria y la prestación de servicios del estado de derecho: 16 de los 19 tribunales se encuentran parcialmente operativos en la zona septentrional y meridional de Malí. El Pôle Judiciaire Spécialisé de Malí, con competencia para crímenes atroces, terrorismo y delitos transnacionales, ha juzgado a 60 personas.

En la República Democrática del Congo, las Células de Apoyo a la Fiscalía respaldadas por las Naciones Unidas siguieron fortaleciendo la rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad y los grupos armados, lo que dio lugar a la condena de más de 1.090 autores de delitos desde 2011, entre los que se incluyen oficiales superiores que cometieron actos de violencia sexual y otros crímenes atroces. Las Naciones Unidas prestaron apoyo a las autoridades nacionales en la prevención y la gestión del ébola y la COVID-19 en los centros penitenciarios de todo el país.

En Sudán del Sur, las Naciones Unidas prestaron apoyo a los tribunales móviles para ampliar la autoridad estatal y prestar servicios de justicia en las regiones afectadas por conflictos y con servicios insuficientes, incluidas las personas que sobreviven a violaciones. Se están juzgando más de 290 casos de delitos graves por primera vez desde 2014, en un contexto en el que la falta de responsabilidad penal continúa minando las iniciativas políticas destinadas a resolver el conflicto.

En Sudán, el fortalecimiento del estado de derecho fue un pilar fundamental de la transición mediante las funciones de enlace estatal; una innovadora y exclusiva herramienta de transición programática que unió a UNAMID y diez organismos, fondos y programas en pos de un objetivo común para prevenir el regreso del conflicto en Darfur, mantener los logros del mantenimiento de la paz y mejorar el entorno de protección. El SLF proporcionó una plataforma para el análisis común, la planificación conjunta, la implementación y, lo que es más importante, fortaleció la propiedad y la participación de las partes interesadas nacionales, locales y comunitarias en la planificación e implementación de la transición.

En Haití, la aprobación del Código Penal en julio de 2020 y el Código de Procedimiento Penal en diciembre de 2020 representa un logro histórico, después de más de una década de implicación, hacia un enfoque más progresivo y humano a la hora de aplicar la ley y avanzar en la reforma del sector judicial, incluida la transformación del encarcelamiento por delitos menores en una excepción.

En Libia, el Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho ayudó a otorgar prioridad a las intervenciones conjuntas en la esfera del estado de derecho en un contexto difícil y afectado por conflictos. En la República Centroafricana, el despliegue rápido de expertos en justicia y seguridad contribuyó al desarrollo de una estrategia para el estado de derecho, por ejemplo, para el acceso de las personas a la justicia; la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos; y la violencia sexual y de género.

Apoyo a contextos distintos de las misiones. Como parte del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias compartió periódicamente sus exclusivos conocimientos especializados, también en contextos ajenos a las misiones, para mejorar el apoyo que prestan las Naciones Unidas a las instituciones nacionales del estado de derecho. Se llevaron conocimientos penitenciarios especializados, por ejemplo, al Gabón a fin de ayudar a definir las carencias del sector de la justicia y las estrategias para subsanarlas; a Liberia, tras la clausura de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), con el objeto de realizar un programa piloto de capacitación para dirigentes de administración penitenciaria; y a Burkina Faso, para ayudar a las autoridades locales del servicio penitenciario.

Procesos de transición coordinados. La promoción y la puesta en práctica de programas conjuntos en la esfera del estado de derecho y los componentes de justicia e instituciones penitenciarias facilitó las transiciones en Timor Leste, Liberia, Haití y Darfur, y ayudó a crear un marco para la colaboración a largo plazo de las misiones y los equipos de las Naciones Unidas en los países con las autoridades nacionales.

Mejora de las instituciones del estado de derecho, de carácter inclusivo y con perspectiva de género, a través de la integración de las prioridades en materia de género en las iniciativas de reforma del estado de derecho, como la mejora de la protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra en Sudán del Sur o la política de género en el sistema penitenciario de Haití. La promoción de una mayor representación en las instituciones formales e informales de justicia, por ejemplo, en Malí y Darfur; y las iniciativas avanzadas sobre el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las respuestas judiciales, por ejemplo, para la violencia sexual y por razón de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos, como en la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.

Adelanto de los objetivos relativos a la paridad entre los géneros, a través de un aumento de la representación femenina entre el personal judicial y penitenciario proporcionado por los Gobiernos de un 24 % en 2018 a un 29 % en diciembre de 2019, de modo que se superó la meta de 2019 según la estrategia de paridad de género para el personal uniformado; los nombramientos de mujeres en el personal proporcionado por los Gobiernos representan alrededor de un 25 % de los nombramientos de 2019, en comparación con el 15 % registrado en años anteriores.