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Fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones de seguridad

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El estado de derecho y las instituciones, tanto nacionales como locales, son fundamentales para aportar estabilidad a los países y alcanzar una paz sostenible.

NUEVAS DIRECTRICES DE LA OFICINA DEL ESTADO DE DERECHO Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN RESPUESTA A LA COVID-19

 

Para responder a la pandemia mundial, la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad ha elaborado unas directrices operacionales encaminadas a respaldar la mitigación de la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

 

La pandemia de COVID-19 conlleva determinados riesgos para las prisiones y otros lugares de detención, sobre todo en entornos afectados por conflictos, por lo que requiere una preparación esencial y respuestas concertadas y coordinadas. El documento Herramientas prácticas: COVID-19, preparación y respuesta en lugares de detención, elaborado por el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias del Departamento de Operaciones junto con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Suecia, ofrece herramientas de comunicación integrales y listas para usar con información clara y carteles visuales a fin de ayudar a los administradores y a los trabajadores penitenciarios a evitar que la COVID-19 llegue a las prisiones; directrices sobre las medidas inmediatas necesarias para descongestionar las prisiones; y orientaciones para ayudar a velar por el acceso a la justicia a través de audiencias y alternativas a distancia durante el brote y después de él.

 

La policía de las Naciones Unidas ha descrito los procedimientos que debe seguir el personal en sus operaciones diarias durante la pandemia de COVID-19 o en previsión de esta en sus comunidades receptoras. La policía de las Naciones Unidas también presentó un resumen de los factores que debe tomar en consideración la policía al redactar planes relativos a las operaciones durante la pandemia de COVID-19.

En marzo de 2020, el Servicio de Actividades relativas a las Minas de la ONU (UNMAS) incorporó el material de sensibilización sobre la COVID-19 elaborado por la Organización Mundial de la Salud en su programa de educación sobre riesgos. Los oficiales de actividades relativas a las minas pudieron llegar a zonas remotas durante las primeras semanas de la pandemia y aprovecharon ese acceso para compartir dicha información de vital importancia

El estado de derecho y las instituciones de seguridad, tanto nacionales como locales, son fundamentales para aportar estabilidad a los países y alcanzar una paz sostenible.

A través de medidas sistemáticas y dirigidas, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas aborda la situación de aquellas personas y comunidades más afectadas por el conflicto con el objetivo general de contribuir en el plano nacional a los procesos políticos, la resolución de conflictos y la estabilización.

La labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ayuda a los países a reforzar el estado de derecho mediante el restablecimiento y mantenimiento de la seguridad, la protección de civiles, el allanamiento del camino hacia la consolidación de la paz, la reconstrucción de las comunidades y la creación de condiciones que permitan la paz sostenible.

Las actividades del estado de derecho sobre el mantenimiento de la paz son iniciativas centradas en las personas. Están adaptadas a las realidades locales y ayudan a que las comunidades logren dividendos de paz concretos, como el acceso a servicios básicos a través de la retirada de minas o explosivos.

El equipo de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas apoya también el estado de derecho al proporcionar medidas de seguridad o estabilidad provisionales, como las patrullas mixtas en Malí, los arreglos informales y dirigidos por la comunidad en materia de seguridad en Abyei y los acuerdos de paz locales en la República Centroafricana.

En los países que están saliendo de conflictos violentos, los hilos que mantienen unida a la sociedad, junto con el sentimiento de confianza y justicia, pueden verse seriamente dañados. Por ejemplo, es posible que los combatientes armados campen libremente, que la policía tenga miedo y que los antiguos agravios sigan causando malestar.

La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad

La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad, fundada dentro del Departamento de Operaciones de Paz (DOP) en 2007, despliega al personal de mantenimiento de la paz, cuyos miembros, en calidad de primeros constructores de la paz, ayudan a los países afectados por conflictos a restablecer el estado de derecho y las instituciones de seguridad necesarios para consolidar y mantener la paz. Más información.

La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad consta de cinco componentes: la División de Policía; el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias; el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas; la Sección de Desarme, Desmovilización y Reintegración; y la Dependencia de Reforma del Sector de la Seguridad. Sobre el terreno, más de 15.000 profesionales de la esfera del estado de derecho y la seguridad están llevando a cabo una gran variedad de tareas esenciales, como la creación de capacidad y el fortalecimiento institucional en el plano nacional. El personal policial de mantenimiento de la paz patrulla los centros neurálgicos del crimen junto a oficiales de las fuerzas del orden nacionales. Los expertos en armas informan a los civiles sobre los riesgos de los explosivos. Los oficiales de la esfera judicial y penitenciaria ayudan a velar por que todos los ciudadanos reciban un trato igualitario ante la ley. Los especialistas en desarme, desmovilización y reintegración (DDR) ayudan a los excombatientes a reintegrarse en la sociedad. Los asesores sobre la reforma del sector de la seguridad velan por que la supervisión y la rendición de cuentas estén integradas en los servicios policiales, de defensa y de inteligencia.

La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad, dada su capacidad especializada, despliega unos conocimientos técnicos y un apoyo en forma de asesoramiento de alta calidad cuando los Gobiernos receptores así lo solicitan, con el objeto de ayudar a los países afectados por conflictos a restablecer el estado de derecho y las instituciones de seguridad necesarios para consolidar y mantener la paz. A partir de enero de 2019, la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad empezó a funcionar, a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, como el órgano encargado de prestar servicios de apoyo técnico en las esferas del estado de derecho y las instituciones de seguridad a las operaciones de paz de la Organización y a los Estados Miembros y las entidades del sistema de las Naciones Unidas en los entornos ajenos a las misiones.

Atención sobre el terreno

La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad está, ante todo, orientada hacia el terreno. Actualmente, la Oficina está presente en las 9 operaciones de mantenimiento de la paz: MINUSCA (República Centroafricana); MINUSMA (Mali); MONUSCO (República Democrática del Congo); UNMISS (Sudán del Sur); UNISFA (Abyei, Sudán del Sur); UNFICYP (Chipre); UNMIK (Kosovo); MINURSO (Sahara Occidental); y FPNUL (Líbano). Además, la oficina presta apoyo a las 11 misiones políticas especiales de las Naciones Unidas: BINUH (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití); UNSOM (Somalia); UNSMIL (Libia); UNAMI (Irak); UNAMA (Afganistán); UNIOGBIS (Guinea-Bissau); UNOAU (Unión Africana), UNOWAS (Africa Occidental y el Sahel), UNVMC (Colombia), OSESG-Y (Yemén) y OSESG-B (Burundi). 

 

 

La Oficina ha creado competentes capacidades permanentes con conocimientos especializados en el ámbito policial, judicial y penitenciario. Estos equipos pueden desplegarse en un breve período de tiempo para prestar apoyo a operaciones e paz recién creadas, respaldar misiones en tiempos de crisis, ayudar a facilitar capacidad de refuerzo y responder de cualquier otro modo a las necesidades que surjan. La Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad también ha generado otras capacidades de aplicación rápida a través de listas de preselección, equipos de reacción rápida y acuerdos de fuerzas de reserva similares.

El Servicio Permanente sobre Justicia e Instituciones Penitenciarias (SPJIP) forma parte del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias. Se trata de un pequeño equipo de despliegue rápido formado por expertos en estado de derecho, justicia e instituciones penitenciarias, el cual contribuye a los componentes de justicia o instituciones penitenciarias o al liderazgo de las misiones en las operaciones de paz de las Naciones Unidas (en particular durante las fases de puesta en marcha, refuerzo y transición de las misiones). Su apoyo engloba una amplia variedad de cuestiones relacionadas con el estado de derecho, como el fortalecimiento de las instituciones profesionales, responsables y legítimas del estado de derecho que brindan un margen para el diálogo político, la creación de un entorno protector para los civiles, el aumento de la autoridad estatal, la mejora de la seguridad y la gestión de las prisiones, y la rendición de cuentas por los delitos graves que pueden avivar los conflictos. De conformidad con la función de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad como proveedora de todo el sistema, bajo los auspicios del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, el SPJIP también puede recibir solicitudes de prestación de apoyo y conocimientos especializados para entornos o entidades diferentes de las misiones. Dichas solicitudes pueden incluir el apoyo a asociados, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, por ejemplo, entre otros, asociados del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho y oficinas de coordinadores residentes.

La Capacidad Permanente de Policía es la rama operacional de despliegue rápido de la División de Policía de las Naciones Unidas, que tiene la tarea de brindar la capacidad de puesta en marcha para los componentes de policía de las nuevas operaciones de paz de las Naciones Unidas, además de prestar asesoramiento, conocimientos especializados y asistencia en la esfera de la creación de capacidad institucional para la aplicación de la ley. Con el tiempo, esa segunda tarea ha evolucionado con arreglo a los requisitos del sistema de las Naciones Unidas, como se reconoció en la resolución 2382 (2017) del Consejo de Seguridad, que acogió con beneplácito el apoyo de la Capacidad Permanente de Policía a otras entidades de las Naciones Unidas por conducto del Punto Focal Mundial para los Aspectos Policiales, Judiciales y Penitenciarios, así como su labor en la prestación de capacidad inicial y de asistencia rápida, coherente, eficaz y receptiva a los componentes de policía de las misiones de paz.

Los dos servicios permanentes de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad se encuentran en el Centro Mundial de Servicios o la Base Logística de las Naciones Unidas en Bríndisi (Italia).

Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho

La labor del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho constituye un buen ejemplo de un enfoque integrado y orientado a la prestación de servicios. El Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, creado en 2012 por el Secretario General de las Naciones Unidas, es una plataforma de coordinación cuyo objetivo consiste en mejorar la coherencia y la eficiencia del apoyo al estado de derecho de todo el sistema en entornos de misiones, ajenos a misiones y de transición. En la Sede de las Naciones Unidas, el Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho está copresidido por el Departamento de Operaciones de Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y consta de asociados como la Dependencia del Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General (OESG), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y otras entidades que, de manera conjunta, persiguen objetivos comunes.

El Servicio Permanente sobre Justicia e Instituciones Penitenciarias forma parte del sistema de justicia e instituciones penitenciarias. Se trata de un pequeño equipo de expertos en materia de estado de derecho, justicia y sistema penitenciario de despliegue rápido, que presta asistencia a los componentes de justicia y sistema penitenciario o a la dirección de las misiones en las operaciones de paz de las Naciones Unidas (en particular, durante las fases de puesta en marcha, incremento de personal y transición de misiones). Su asistencia abarca una gran variedad de cuestiones relacionadas con el estado de derecho, como el fortalecimiento de instituciones del estado de derecho profesionales, responsables y legítimas que ofrezcan un espacio para el diálogo político, la creación de un entorno de protección para los civiles, la ampliación de la autoridad del Estado, la mejora de la seguridad y la gestión de las prisiones y la garantía de la rendición de cuentas por los delitos graves que puedan alimentar los conflictos. De conformidad con la función de OROLSI como proveedor a nivel de todo el sistema, bajo los auspicios del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, también se podrá pedir al SPJIP que preste apoyo y conocimientos especializados a entidades o entornos no relacionados con las misiones. Esto puede incluir el apoyo a los asociados, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, los asociados del GFP y las oficinas de coordinación residentes.

Punto Focal Mundial para los Aspectos Policiales, Judiciales y Penitenciarios

Un ejemplo positivo de enfoque integrado orientado a la prestación de servicios es la labor del Punto Focal Mundial para los Aspectos Policiales, Judiciales y Penitenciarios. Creado en 2012 por el Secretario General de las Naciones Unidas, el GFP es una plataforma de coordinación destinada a mejorar la coherencia y la eficiencia del apoyo al estado de derecho a nivel de todo el sistema en entornos de misiones, no misiones y de transición. En la Sede de las Naciones Unidas, el GFP está copresidido por el Departamento de Operaciones de Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y está integrado por asociados como la Dependencia del Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ONU Mujeres y otras entidades de las Naciones Unidas con objetivos comunes.

Descargar la ficha informativa.

El GFP ayuda a mejorar la prestación de servicios sobre el terreno para prevenir el brote, la escalada, la continuación y la reaparición de conflictos violentos. Aprovechando la ventaja comparativa y la capacidad de sus asociados, el GFP proporciona un rápido despliegue de conocimientos especializados; apoyo al diseño, planificación y ejecución de programas conjuntos sobre el estado de derecho; apoyo financiero catalizador para la financiación del estado de derecho e intercambio de conocimientos.

Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed

 

Descargar la ficha informativa (PDF)

El Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho ayuda a mejorar la prestación de servicios sobre el terreno con miras a evitar la aparición, la intensificación, la continuación y la recurrencia de los conflictos violentos. El Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, haciendo uso de la ventaja comparativa y la capacidad de sus asociados, proporciona despliegues rápidos de conocimientos especializados; apoyo al diseño, la planificación y la ejecución de programas conjuntos relativos al estado de derecho; un apoyo económico catalizador para la financiación del estado de derecho; e intercambio de conocimientos.

El sostenimiento de la paz a través del fomento del estado de derecho y de las instituciones de seguridad

Como resultado de la labor de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas también desempeña actualmente una función de mayor importancia en el área de la prevención de los conflictos y del extremismo violento, la lucha contra el terrorismo, la estabilización y el sostenimiento de la paz, y las dinámicas locales o comunitarias.

Mediante el trabajo conjunto, los cinco componentes de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad ofrecen apoyo holístico a las operaciones de paz y las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas al proporcionar un ciclo completo de actividades relacionadas, que van desde el desarrollo de doctrinas, la creación de capacidad, los enlaces comunitarios y la formación y generación de personal hasta la especialización técnica, las lecciones aprendidas y la planificación de transiciones. Mediante el trabajo en colaboración con las autoridades nacionales, el enfoque centrado en el estado de derecho y las instituciones de seguridad puede orientar a los países en la difícil transición del conflicto a la paz sostenible.

En el marco de las iniciativas de las Naciones Unidas destinadas a prevenir los conflictos, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) contribuye a fomentar la confianza, facilitar la consolidación de la paz en el plano local y apoyar las iniciativas de estabilización centradas en las personas. Las actividades relativas a las minas permiten lograr estos objetivos de varias maneras, entre ellas, mediante el empleo de personas de las comunidades afectadas, por ejemplo, jóvenes y excombatientes, y mediante la gestión y la destrucción de materiales explosivos que podrían utilizarse para desestabilizar los procesos de paz.

Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos

Diferentes expertos del Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias y la División de la Policía de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) forman parte de un Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos (Equipo de Expertos), que se creó en virtud de la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad. El Equipo de Expertos centra sus actividades en el refuerzo de la capacidad del estado de derecho y los actores de justicia nacionales, por ejemplo, en esferas especializadas como las siguientes: investigaciones y enjuiciamientos penales; recopilaciones y preservaciones de pruebas; investigaciones y enjuiciamientos del sistema judicial militar; reformas de la legislación penal y procesal; y protección de víctimas, testigos y funcionarios de justicia.

Hasta la fecha, el Equipo de Expertos ha apoyado a autoridades nacionales de numerosos países, entre otros, Colombia, Côte d’Ivoire, Guinea, el Iraq, Liberia, Malí, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur.

Para obtener más información sobre el Equipo de Expertos, visite: http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/team-of-experts/

Personal proporcionado por los Gobiernos

El personal proporcionado por los Gobiernos está formado por expertos designados por sus autoridades gubernamentales para que sirvan en operaciones de paz de las Naciones Unidas. El uso de personal proporcionado por los Gobiernos —personas con conocimientos especializados y competencias y habilidades clave— es una forma de sacar partido de los conocimientos técnicos de los Gobiernos de los Estados Miembros para que las Naciones Unidas puedan llevar a cabo los mandatos de las operaciones de paz.

Los Estados Miembros adscriben regularmente expertos a la eliminación de municiones explosivas al Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, en su sede y en los programas sobre el terreno. El personal proporcionado por los Gobiernos por lo general presta apoyo consultivo, para la creación de capacidad y de mentoría a los homólogos nacionales que realizan funciones especializadas para las que se necesitan conocimientos técnicos. Tales habilidades especializadas suelen encontrarse únicamente en los servicios gubernamentales y, por tanto, se obtienen de forma más eficaz de los Estados Miembros. El personal proporcionado por los Gobiernos contribuye con diversos conocimientos especializados a las operaciones de paz, como la justicia y los enjuiciamientos militares, la formación, la gestión de las detenciones, la seguridad en las prisiones y el desarrollo de políticas.

 

El personal de justicia e instituciones penitenciarias proporcionado por los Gobiernos también aporta habilidades especializadas que normalmente solo se encuentran en los servicios gubernamentales, por ejemplo, los servicios penitenciarios nacionales, la judicatura y la fiscalía, entre otros, y que, por lo tanto, se obtienen de un modo más eficaz de los Estados Miembros. El personal proporcionado por los Gobiernos contribuye con diversos conocimientos especializados a las operaciones de paz, como la justicia y los enjuiciamientos militares, la formación, la gestión de las detenciones, la seguridad en las prisiones y el desarrollo de políticas. Si bien el personal proporcionado por los Gobiernos suele prestar apoyo consultivo, para la creación de capacidad y de mentoría a los homólogos nacionales que realizan funciones especializadas para las que se necesitan conocimientos técnicos, otros miembros del personal también desempeñan funciones operacionales ligadas a la seguridad de las prisiones, en función del mandato de la misión.

Los expertos en justicia e instituciones penitenciarias interesados en formar parte del personal proporcionado por los Gobiernos en las operaciones de paz de las Naciones Unidas deben ser nombrados por sus Gobiernos. El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias es el punto focal designado para todas las cuestiones relacionadas con la selección, la contratación, el despliegue, la rotación, la transferencia y la repatriación del personal judicial y penitenciario proporcionado por los Gobiernos. El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias publica de manera habitual convocatorias para presentación de candidaturas de expertos para que presten sus servicios como miembros del personal judicial y penitenciario proporcionado por los Gobiernos. Se promueve especialmente la candidatura de mujeres y de candidatos francófonos.

Para que su candidatura pueda ser valorada, los oficiales nominados para servir como personal judicial y penitenciario proporcionado por los Gobiernos deberán:

Los oficiales seleccionados suelen servir durante un período inicial de 12 meses, con opción de prórroga durante otros 6 o 12 meses. Cuando se realizan despliegues de personal proporcionado por los Gobiernos, los Estados Miembros que aportan dicho personal continúan sufragando su salario y sus prestaciones nacionales, mientras que las Naciones Unidas proporcionan dietas por misión y cobertura médica, y asumen los gastos del despliegue y la repatriación al finalizar el período de servicio del personal proporcionado por los Gobiernos.

A fecha de junio de 2020, alrededor de 300 miembros del personal proporcionado por los Gobiernos en la esfera de la justicia y las instituciones penitenciarias trabajan en nueve operaciones de paz de las Naciones Unidas.

Las condiciones de servicio y las esferas de actividad del personal proporcionado por los Gobiernos con relación a la justicia y las instituciones penitenciarias se describen en los documentos indicados a continuación, que están disponibles en www.peacekeeping.un.org:

 

  • Standard Operating Procedures for Government-Provided Corrections Personnel on Assignment with United Nations Peacekeeping Operations and Special Political Missions (Procedimientos operativos estándar para el personal proporcionado por los Gobiernos para instituciones penitenciarias en operaciones de paz y misiones políticas especiales de las Naciones Unidas)
  • Guidelines on Non-Uniformed Civilian Government-Provided Personnel on Assignment with United Nations Peace Operations and Special Political Missions (Directrices sobre el personal civil no uniformado proporcionado por los Gobiernos en operaciones de paz y misiones políticas especiales de las Naciones Unidas)
  • Policy on Justice Support in United Nations Peace Operations (Política sobre el apoyo judicial en las operaciones de paz de las Naciones Unidas)
  • Policy on Prison Support in United Nations Peace Operations (Política sobre el apoyo penitenciario en las operaciones de paz de las Naciones Unidas)

 

Para obtener más información, póngase en contacto con jjcs-secondment@un.org.