La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) se estableció el 1 de junio de 2004 por la resolución S/RES/1542 (2004) del Consejo de Seguridad. Esta misión de las Naciones Unidas fue la sucesora de una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero de 2004, después de que el Presidente Bertrand Aristide partiera de Haití para el exilio, en el periodo posterior al conflicto armado que se extendió a varias ciudades en todo el país.
El devastador terremoto del 12 de enero de 2010, a consecuencia del cual murieron más de 220.000 personas (según datos del gobierno de Haití), incluidos 96 soldados de las Naciones Unidas, supuso un duro golpe para la economía y las infraestructuras del país, ya de por sí inestables. El Consejo de Seguridad, en su resolución 1908 de 19 de enero de 2010, refrendó la recomendación del Secretario General de aumentar la dotación general de la MINUSTAH con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país.
Tras la celebración de elecciones presidenciales en 2011, la MINUSTAH trabaja en el país para cumplir su mandato de establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones del Gobierno de Haití, apoyar la constitución de un estado de derecho, y promover y proteger los derechos humanos.
La misión ha seguido movilizando todos sus recursos logísticos para ayudar en la labor de atender a las víctimas y contener y abordar el brote de cólera de octubre de 2010.
En abril de 2017 el Consejo de Seguridad decide, en su resolución S/RES/2350(2017), que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) cierre a más tardar el 15 de octubre de 2017, para pasar a ser una Misión de mantenimiento de la paz más pequeña que ayude al Gobierno de Haití a fortalecer las instituciones del estado de derecho en el país; siga prestando apoyo a la Policía Nacional de Haití y fomente su desarrollo; y participe en tareas de vigilancia, presentación de informes y análisis de la situación de los derechos humanos.