Un comité de la ONU pide a México que no penalice la defensa de los derechos humanos [1]
Un activista de los derechos de los pueblos indígenas fue detenido en 2013 por su labor. Privado de la libertad, se le torturó para obtener una confesión falsa y permaneció cinco años en una cárcel de máxima seguridad. El Comité afirma que estas violaciones se enmarcan en un patrón de criminalización de las protestas sociales y pugna por una reparación a la víctima.