Expertos en derechos humanos están consternados por la decisión de Japón de verter el agua tratada de Fukushima [1]
Tres relatores de la ONU afirman que los peligros radiactivos de la operación se han subestimado y podrían suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años, poniendo en riesgo así el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón.